El caso trata acerca de una mujer que fue condenada a 30 años de prisión por un aborto y que falleció mientras se encontraba privada de su libertad. La Corte señaló que se violó la presunción de inocencia y que la prisión preventiva fue impuesta de forma arbitraria, entre otros aspectos.
Se trata de una ley de tiempos de guerra de 1789 que la administración de Trump está utilizando para eludir la ley de inmigración. El Gobierno buscaba deportar a El Salvador a 30 venezolanos acusados de integrar la organización criminal a pesar de no haber sido juzgados.